El Supremo paraliza la 'ley de nietos' y el Gobierno denuncia "golpe de Estado judicial"
Provincia de Salamanca
El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente la aplicación de la "ley de nietos", impidiendo su inscripción en el censo electoral. Esta decisión, que responde a recursos presentados por Vox y Jusiticia, ha sido criticada duramente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha denunciado que "hay jueces haciendo política" y ha cuestionado la suspensión de un derecho fundamental bajo la premisa de "engordar el censo para ganar elecciones". La ley, aprobada hace cuatro años en el marco de la ley de memoria democrática, no había generado objeciones previas por parte del PP.
La noticia se enmarca en un contexto de acusaciones mutuas entre el Gobierno y sectores de la judicatura y la oposición. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha alimentado la teoría de una "conspiración mediática, política y judicial" contra él, señalando decisiones del Tribunal Supremo como la relativa a las "devoluciones en caliente" a migrantes en Ceuta y Melilla, que según el Gobierno generó un "efecto llamada". Estas acciones judiciales son interpretadas por el Gobierno como parte de una estrategia de "lawfare" o "golpe de Estado judicial", mientras que sectores conservadores defienden la actuación de los tribunales en estricto cumplimiento de la ley.
El artículo también menciona la actuación de la jueza Tardón, vinculada al PP, en relación con un informe sobre la situación en Ceuta, cuestionando su imparcialidad y sugiriendo que sus decisiones buscan perjudicar al Gobierno. Se critica la lentitud en la gestión de la inmigración y otros temas sociales, así como errores de comunicación del Ejecutivo, mientras se defiende la gestión general del presidente Sánchez y se rechaza el "acoso" y la "judicialización de la política" auspiciada por la oposición.