Castilla y León anticipa un nuevo pulso con el Gobierno por el centro de refugiados de Soria

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reiterado la oposición frontal de su gobierno a la política migratoria del Ejecutivo central, anticipando un posible conflicto con la inminente apertura del Centro de Asilo y Protección Internacional (CAPI) en Soria. Las obras del centro, con capacidad para más de 200 personas, finalizarán en noviembre, y la Junta buscará "fórmulas para frenar" su puesta en marcha.

Pollán recordó que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox incluye la oposición a las políticas migratorias del presidente Sánchez. Aunque no detalló las acciones concretas, afirmó que se tomarán decisiones una vez concluyan las obras y se conozca el destino final del centro. El Gobierno central, por su parte, ha defendido la competencia estatal sobre este tipo de centros, desvinculándolos de normativas autonómicas que limitan el número de plazas.

Este centro, que ha requerido una inversión superior a los 14 millones de euros, ya ha generado tensiones previas entre ambas administraciones. La Junta intentó en el pasado aplicar una normativa autonómica para limitar las plazas, pero el Estado argumentó que dicha norma solo afectaba a centros de su competencia.