El Supremo suspende el voto de 163.000 nacionalizados por la Ley de Nietos a las puertas de las elecciones
Provincia de Valladolid
El Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión cautelar del derecho al voto para 163.020 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La decisión, que afecta a quienes se inscribieron en el censo electoral hasta el 1 de agosto, se produce ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y genera un complejo escenario judicial y político.
La polémica se centra en la instrucción del Ministerio de Justicia que facilitaba la adquisición de la nacionalidad para descendientes de españoles exiliados, aplicando una presunción automática de condición de exiliado. El Supremo cuestiona este criterio administrativo, argumentando que la "pureza" del censo electoral, como bien de "interés general", debe prevalecer sobre el derecho individual al voto en este caso. Los afectados mantienen su nacionalidad, pero su derecho a sufragio queda paralizado hasta que puedan acreditar documentalmente su condición de descendientes de exiliados mediante un certificado consular.
La dificultad para distinguir entre los nacionalizados por la vía directa de la ley y los acogidos a la instrucción ministerial ha colapsado la capacidad administrativa para revisar el censo a tiempo. La Abogacía del Estado ha señalado la imposibilidad material de realizar una auditoría manual individualizada de los expedientes. Aunque la resolución judicial abre una vía de restitución del voto para quienes presenten la documentación requerida, los ajustados plazos hasta el 29-N siembran dudas sobre su efectividad práctica.