El lobo ibérico, en vilo por la disparidad de criterios entre el Gobierno y las autonomías
Provincia de León
En el Día Internacional del Lobo, la especie se encuentra en una encrucijada jurídica en España, marcada por un régimen de protección fragmentado y un debate sobre su estado de conservación. La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021, con posteriores modificaciones que excluyeron al norte del Duero, ha generado un escenario de inestabilidad. Las medidas de control letal están sujetas a resoluciones judiciales variables, mientras que al sur del río la protección es estricta.
La tensión institucional se ha intensificado a raíz de la discrepancia sobre el último informe sexenal a la Comisión Europea. Las comunidades autónomas respaldan el documento de la Xunta de Galicia, que declara un estado de conservación favorable, mientras que el ministerio defiende su propio informe, argumentando que cumple mejor los criterios europeos. Esta divergencia complica la gestión y la protección unificada del lobo.
Según el último recuento oficial (2021-2024), España alberga 333 manadas de lobos. Las comunidades consideran esta cifra suficiente para permitir su caza, contrastando con las 500 manadas que la Comisión Europea establece como umbral para un estado de conservación favorable, referencia a la que se acoge el Gobierno central. La situación de incertidumbre jurídica afecta directamente a la gestión de la especie en todo el territorio.