Las OPA de Castilla y León exigen 150 millones a la Junta para el sector del cereal
Provincia de Segovia
Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) de Castilla y León han solicitado a la Junta un paquete de ayudas directas por valor de 150 millones de euros para paliar la crisis que atraviesa el sector cerealista. La petición se desglosa en 117 millones destinados a cubrir el elevado coste de los fertilizantes y entre 30 y 35 millones para el gasóleo, ante el inminente inicio de la campaña cerealista en octubre. Las OPA buscan también medidas estructurales que eviten la repetición de escenarios de altos costes y bajos precios en años venideros.
La movilización, convocada para este jueves frente a la sede de Presidencia de la Junta, pretende que el gobierno autonómico iguale el modelo y la cuantía de las ayudas directas anunciadas por el Ejecutivo central, que liberará 150 millones de euros para 60.000 agricultores de la comunidad a principios de septiembre. Los representantes agrarios consideran este plan "insuficiente", a pesar de valorarlo positivamente.
Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, ha señalado que la superficie sembrada de cereal ha disminuido en 300.000 hectáreas respecto al año anterior, alcanzando 1,5 millones de hectáreas. Dujo expuso que, si bien la cosecha de 2025 fue buena, los altos costes de producción impidieron obtener rentabilidad. Un agricultor medio con una explotación de 200 hectáreas ha incurrido en gastos de 163.000 euros y ha obtenido ingresos de 124.000 euros, lo que se traduce en una pérdida cercana a los 40.000 euros. Dujo achacó esta situación a las importaciones masivas de cereal de Ucrania y al encarecimiento de combustibles y fertilizantes debido a la guerra del Golfo.
Jesús Manuel González Palacín, coordinador autonómico de UCCL, calificó la situación del sector cerealista como la "peor crisis de toda su historia" y reclamó "ayudas directas, no apoyos a préstamos ni préstamos subvencionados". Además, solicitó medidas estructurales como el fomento de seguros agrarios, la revisión de acuerdos internacionales para priorizar la compra de cereal nacional y una "ley antiespeculación" para vigilar los costes de producción.